Un organismo independiente contra la discriminación y atajar el abandono escolar de la población gitana: las recomendaciones del Consejo de Europa que España no cumple

La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) del Consejo de Europa –organismo de 47 países europeos no dependiente de la UE– “lamenta”, en sus conclusiones publicadas este martes, que “España aún no haya adoptado dos recomendaciones prioritarias emitidas en 2018 instando a crear un organismo de igualdad verdaderamente independiente y a intensificar las acciones para aumentar la proporción de niños gitanos que terminan la educación obligatoria”. Si bien observa el lento avance de España en la puesta en marcha de estas recomendaciones, la ECRI reconoce las dificultades en el contexto de los dos últimos años, con dos elecciones generales en 2019 y el impacto de la pandemia de la COVID-19.

La comisión contra el racismo y la intolerancia es un órgano de vigilancia de los derechos humanos que se especializa en cuestiones relacionadas con la lucha contra el racismo, la discriminación –por motivos de raza, origen étnico o nacional, color, ciudadanía, religión, idioma, orientación sexual e identidad de género–, xenofobia, antisemitismo e intolerancia en Europa.

La ECRI explica que “ha sido informada por las autoridades españolas de que se está trabajando para mejorar la calidad de un proyecto de ley de igualdad de trato y contra toda forma de discriminación”. Según las autoridades españolas, “esta nueva ley serviría de base para la creación de un organismo de igualdad independiente con suficientes recursos humanos y presupuestarios”.

Según los informes, los trabajos preparatorios del proyecto de ley se han visto interrumpidos por las dos elecciones anticipadas celebradas en 2019 antes de que se pudiera formar un gobierno a principios de 2020, explica el organismo europeo.

No obstante, la ECRI observa que el actual Gobierno de coalición de España ha incluido la preparación de dicha ley en su acuerdo de coalición.

“La ECRI aprecia que la celebración de dos elecciones parlamentarias en un año en 2019, así como las dificultades causadas por la pandemia COVID-19, hayan retrasado el trabajo legislativo sobre una nueva Ley de Igualdad de Trato y contra toda forma de discriminación y, por lo tanto, también la creación de un organismo de igualdad verdaderamente independiente y con mandato y recursos suficientes”, afirman sus conclusiones.

“La ECRI espera con interés la adopción de dicha ley”, explica: “Al mismo tiempo, la ECRI está obligada a señalar que no existe un calendario para su preparación y adopción. En consecuencia, considera que, en la situación actual, su recomendación aún no se ha aplicado”.

En 2018, la ECRI recomendó que las autoridades españolas tomaran medidas urgentes para crear un organismo independiente de igualdad o “para garantizar que el Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica (CEDRE) sea independiente y contara con mayores recursos”.

En lo que respecta al CEDRE, “su condición no ha mejorado y los recursos humanos y presupuestarios disponibles no se han reforzado. En consecuencia, la ECRI considera que todavía no es independiente del Gobierno y que su personal y su presupuesto siguen siendo muy limitados”, afirman las conclusiones: “En la actualidad, solo puede centrar sus actividades en la asistencia a las víctimas y en la investigación”.

En 2018, la ECRI también recomendó encarecidamente que las autoridades españolas desarrollen e implementen un conjunto de actividades para garantizar que la proporción de niños gitanos que completan la escolaridad obligatoria aumente significativamente.

La ECRI explica que ha sido informada “de los esfuerzos realizados por las autoridades españolas para implementar la Estrategia Nacional de Integración de los Gitanos 2012-2020 y el Plan Operativo para los años 2018-2020”.

Si bien reconoce que algunos de los elementos del plan operativo contienen medidas destinadas a facilitar y promover la educación de los niños romaníes y evitar que los alumnos abandonen la escuela antes de tiempo, “la ECRI lamenta observar que no se dispone de nuevos datos estadísticos sobre los niños romaníes que completan la escolarización obligatoria desde la publicación del quinto informe de la ECRI, en 2018”.

Como resultado, “la ECRI no puede concluir que las medidas tomadas como parte de la estrategia y el plan operativo hayan tenido un impacto real en las tasas de finalización de la escuela obligatoria entre los romaníes”.

En una nota más positiva, la ECRI “acoge con satisfacción la implementación de algunos proyectos por parte de actores de la sociedad civil, mediante los cuales se brinda apoyo educativo a los romaníes en algunas regiones autónomas”.

En este sentido, el organismo del Consejo de Europa observa que en la Comunitat Valenciana el Gobierno autonómico “ha aprobado una decisión para ofrecer apoyo educativo a los romaníes”.

Además, la ECRI señala que el acuerdo de coalición del actual Gobierno de España incluye un objetivo de acabar con la segregación de los gitanos en las escuelas, así como una intención declarada de evitar que los alumnos abandonen la escolaridad obligatoria antes de completarla. Sin embargo, la entidad afirma que “no hay propuestas concretas sobre cómo lograr esto, ni hay ninguna referencia a la financiación relacionada”.

La ECRI reconoce que el cierre de escuelas y la consiguiente educación a distancia, que se produjo en España en 2020 como resultado de la pandemia de la COVID-19, se sumó a los desafíos que afrontan muchos niños gitanos para completar su escolaridad obligatoria. No obstante, la ECRI señala que, desde la publicación de su informe de 2018, “no se han introducido nuevas medidas concretas para garantizar que aumente la proporción de niños romaníes que completan la escolarización obligatoria, y que no hay datos estadísticos que indiquen un aumento de esa proporción”.

En consecuencia, “la ECRI considera que su recomendación no se ha aplicado”.

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