El primer Gobierno de coalición de la democracia en España prepara una de las leyes más importantes de todo su mandato que puede cambiar un pilar básico de toda sociedad, la educación. La polémica Ley Celaá acabará con la obra del ministro Wert dando paso a una serie de modificaciones y formas de entender la enseñanza que ha generado un debate abierto a nivel político, pero también ciudadano. La comunidad educativa se ha alzado ante algunos aspectos de esta ley que pude ser aprobada en breve. Estos son los puntos de la Ley Celaá que más polémica han generado.

Claves de la Ley Celaá

El castellano dejará de ser la lengua vehicular. Este punto es uno de los primeros que ha causado polémica. Hasta ahora la lengua común de todas las comunidades autónomas gozaba de un papel principal que será eliminado si se aprueba la Ley Celaá. Comunidades como Cataluña que durante estos años han reservado al castellano un papel secundario, podrían seguir haciéndolo o incluso reduciendo las horas lectivas en favor de otras materias. La Ley garantizará que los alumnos conozcan las lenguas oficiales de su comunidad, pero le da potestad a cada gobierno autonómico para aplicar sus propias normas o excepciones.

La educación concertada verá reducidas sus aportaciones y no podrá segregar a los alumnos por sexos. Las aportaciones que realizan los padres a las fundaciones o donaciones voluntarias son una fuente de financiación de algunas escuelas concertadas. Sin esos recursos la viabilidad de algunos centros está en peligro. Las escuelas concertadas se han manifestado para reclamar que este punto no se aplique.

Se impulsará la presencia femenina en los estudios que tengan una mayor tasa de matriculación masculina. La Ley Celaá pretende buscar la igualdad de oportunidades y potenciar la presencia de las mujeres en FP o ingenierías donde existen carreras profesionales ocupadas por una mayoría de hombres. Se incentivará o se reservarán plazas para fomentar esta igualdad de oportunidades.

Los alumnos podrán pasar de curso con asignaturas suspendidas. Cuando los docentes lo consideren podrán pasar a un alumno de curso con independencia de las asignaturas que tenga suspendidas. Un punto de esta ley que no comparten ni padres, ni docentes, la calidad de la educación se puede ver comprometida ante esta posibilidad que permite a los alumnos pasar de curso sin haber obtenido las competencias básicas en una o más materias obligatorias.

La educación especial puede estar en peligro. El Gobierno pretende acabar con este tipo de educación, fusionándola con la convencional y cerrando algunos centros. Se trata de una de las disposiciones más ambiguas de la Ley Celaá que da un plazo de una década para que los centros de educación especial se adapten a esta normativa vaciando las aulas. Este proyecto de ley dice que: “las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna”

No habrá oposiciones para inspectores de educación. Las oposiciones garantizaban la igualdad para acceder a una plaza de inspector. Con la nueva ley se podrá escoger a los más capacitados o que se consideren adecuados para la plaza, sin necesidad de realizar un examen. Serán los responsables educativos los que analicen y escojan a los inspectores por su curriculum, experiencia o perfil. También se podrá excluir de la enseñanza a aquellos docentes que no tengan las competencias necesarias. Dejando la puerta abierta a una adaptación en cada centro de las funciones docentes.

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