La reforma que el Gobierno quiere hacer de la forma de elección de los jueces del CGPJ supone todo un golpe a la institución que atenta contra la separación de poderes y ha sido tachada de «anticonstitucional» por algunos magistrados. A pesar de esto, para el PSOE sólo hay un culpable: el PP.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado de «absolutamente inaceptable» la polémica que el PP ha sembrado con esta reforma cuando «nadie se plantea el cambio de cómo llegan los hombres y mujeres a ser jueces y juezas». «Tenemos el sistema mas riguroso de Europa, por mérito y capacidad, mediante oposición y formación rigurorosísimo. Nadie ha tocado eso, nadie lo va a tocar», ha sentenciado Calvo.

La vicepresidenta, en su intervención en un Desayuno Progresista que organiza el PSOE de Castilla-La Mancha, ha considerado «una vergüenza enorme» que Pablo Casado viaje a Europa «solo para hacer antiEspaña y antipatria», y le ha reprochado que no se le escuche nada «favor de su país», al tiempo que ha acusado al PP de «confundir, mentir e inquietar» los ciudadanos con la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

Por ello, ha reprochado al PP que se dedique «a desinformar, a inquietar» con este órgano para «confundir en Europa». «No hay derecho a que el PP haga esto a España. No hay derecho cuando es una minoría de bloqueo. ¿Quién le ha dado al PP un derecho de bloqueo que no existe para que este órgano esté constituido con arreglo a criterios de la Constitución? ¿Este es el partido que va defender el pacto constitucional?», se ha preguntado Calvo.

El ejemplo de Ayuso

Isabel Díaz Ayuso acaba de dar el paso más decidido en la erradicación de la politización de la Justicia. El control político no sólo existe sobre el CGPJ, tal y como quiere ejercerlo el Gobierno de Pedro Sánchez, también por parte de las comunidades autónomas y sobre los tribunales superiores de justicia de cada región española. La Comunidad acaba de impulsar en su Consejo de Gobierno la proposición de ley para eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid a la hora de proponer el nombramiento de jueces.

Actualmente, parte de los magistrados de las salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) son nombrados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a partir de ternas presentadas por los parlamentos autonómicos. Este sistema permite, de este modo, influir desde la capa política en la designación final de los jueces en organismos tan relevantes para infinidad de causas como los Superiores. De hecho, y por ejemplo, los gobernantes o diputados autonómicos están aforados ante estas salas de Justicia.

La propuesta del Ejecutivo madrileño que preside Isabel Díaz Ayuso implica cambiar dos leyes para que una de cada tres plazas se cubran por concurso por parte del CGPJ y desaparezca la intoxicación política autonómica. En abril el Consejo General del Poder Judicial avaló el anteproyecto presentado a iniciativa de la Comunidad. Y ahora la Comunidad de Madrid, a través del Consejo de Gobierno, ha aprobado la proposición de ley con la que se pretende eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una de cada tres plazas de juez de las Salas de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

El objetivo de esta modificación legislativa es permitir que los magistrados de estas salas sean nombrados directamente por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), un compromiso del Gobierno regional que profundiza en el proceso de despolitización, imparcialidad e independencia de la Justicia, como señala el texto impulsado por la Comunidad de Madrid.
A propuesta de la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, dicha Proposición de Ley conlleva la modificación de dos artículos: el 330.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el 13.2 de la Ley 38/1998, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial.

Ya en abril el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por mayoría el informe del anteproyecto de proposición de ley para modificar ambas leyes. En el primero de ellos se propone que en las salas de lo Civil y lo Penal de los tribunales superiores de Justicia, el CGPJ sea el encargado de cubrir por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional en la comunidad autónoma. Hasta ahora la elección se ha realizado, a partir de una terna, a propuesta de la Asamblea de Madrid.

Con el cambio legislativo planteado por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, las restantes plazas también serán cubiertas por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría y en el orden jurisdiccional civil o penal y tengan especiales conocimientos de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad, como ya se hace en la actualidad.

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