El Gobierno ha acabado admitiendo, aunque de forma velada, que los fallecidos en la pandemia son más de los que admite públicamente. El borrador del nuevo plan del Ministerio de Sanidad para hacer frente a la segunda ola -aún en elaboración, pese a la alta expansión del virus- considera el sistema MoMo como uno de los indicadores para medir su nivel de gravedad.

Este sistema, que registra los excesos de mortalidad por todas las causas a partir de la información obtenida por los registros civiles, ha venido revelando unas cifras disparadas durante la pandemia, muy por encima de las que oficialmente reconocía el Ejecutivo. En concreto, el último informe -que refleja la situación a 6 de octubre- revela un exceso de mortalidad de 47.259 personas, desde el 11 de marzo. Aunque el sistema no recoge las causas de la muerte, la mayoría serían, por lógica, atribuibles a la nueva enfermedad.

En concreto, este balance destaca tres periodos con un exceso de mortalidad llamativo. Así, entre el 11 de marzo y el 9 de mayo -el periodo más crítico de la pandemia- se contabilizaron 42.071 fallecidos por encima de las previsiones. Entre el 28 de julio y el 15 de agosto, el exceso notificado fue de 2.038 defunciones, y del 8 de septiembre al 5 de octubre, de 3.150. Las estimaciones de mortalidad esperada se realizan mediante modelos restrictivos de medias históricas basados en la mortalidad observada de los últimos 10 años.

La reticencia del Gobierno a contabilizar adecuadamente a los fallecidos de la pandemia ha sido una crítica recurrente. Sanidad, en su último balance, ‘sólo’ reconoce oficialmente 33.553 fallecidos por el coronavirus. Una cifra que siempre ha sido muy discutida por la notable diferencia con otros sistemas de recuento. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, reveló que entre el 9 de marzo y el 10 de mayo de este año habían muerto casi 120.000 personas -por todas las causas- siendo la media de otros años de 71.500. Ese exceso, de 48.000 fallecidos, podría ser atribuible al Covid.

Por ello, sorprende que ahora Sanidad incluya el sistema MoMo entre sus indicadores fiables para medir la evolución de la pandemia. Un sistema cuyos datos no ha reconocido en estos meses anteriores. Este indicador, además, se recoge en un apartado tan relevante como es el de la gravedad de la crisis, junto a otros como la letalidad en casos confirmados, la tasa de hospitalizaciones por 100.000 casos en dos semanas o el porcentaje de casos confirmados hospitalizados que ingresan en UCI.

Pese a que la pandemia lleva semanas anotando cifras disparadas, no ha sido hasta ahora que Sanidad ha elaborado un nuevo plan para coordinar nuevas medidas con las comunidades.

4 niveles de alerta

El documento, ‘Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19’, establece cuatro niveles de alerta con unas medidas mínimas, proporcionales al nivel de riesgo de transmisión en cada comunidad autónoma, adaptables según la situación y el contexto de cada región.

Los indicadores de riesgo se dividen en dos bloques y en cinco niveles de gravedad.

En esta evaluación, se tendrían en cuenta los indicadores relativos a la situación epidemiológica, la capacidad asistencial y la capacidad de salud pública, las características y vulnerabilidad de la población susceptible expuesta y la posibilidad de adoptar medidas de prevención y control, como son las medidas no farmacológicas con intervenciones parciales o completas que afecten a parte o todo el territorio evaluado.

Los indicadores de riesgo se dividen en dos bloques y en cinco niveles de gravedad: el primero incluye la incidencia acumulada en 14 días, la incidencia acumulada en 7 días, la incidencia acumulada de mayores de 65 años en 14 días, la positividad global de las pruebas diagnósticas por semana y el porcentaje de casos con trazabilidad; el segundo, la ocupación de camas de hospitalización por Covid-19 y la ocupación de camas UCI por casos de coronavirus.

En todo caso, Sanidad puntualiza que “siempre se hará una valoración individualizada de la situación de la CCAA y se tendrán en cuenta otros posibles indicadores, incluidos los cualitativos”. “Para determinar el nivel de riesgo de un territorio, los indicadores deben interpretarse siempre de forma dinámica y tanto la tendencia como la velocidad de cambio deben tener un peso en esta valoración”, se puede leer en el texto.

Es decir, de nuevo el Gobierno deja la puerta abierta a la arbitrariedad, señalando que: «La decisión final de qué nivel de alerta se asignará al territorio evaluado no solo se fundamentará en el nivel de riesgo resultante de los indicadores, sino que deberá modularse con la tendencia ascendente del indicador y su velocidad de cambio, así como con una evaluación cualitativa que incluya la capacidad de respuesta, las características socioeconómicas, demográficas y de movilidad del territorio evaluado».

El nivel de alerta 4 supondrá «medidas excepcionales», como «la limitación de la movilidad de las personas, cierres perimetrales u otras restricciones del movimiento».

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